¿SOLUCIÓN SALOMÓNICA PARA HEYDEN? | SCJN proyecta que deje el cargo en el TSJ en 2028 o vaya a elección

¿SOLUCIÓN SALOMÓNICA PARA HEYDEN? | SCJN proyecta que deje el cargo en el TSJ en 2028 o vaya a elección

La reforma constitucional local del Poder Judicial extendió su cargo de magistrado de manera automática hasta 2033. 

Un proyecto que tratará la Corte dice que esa extensión hasta el 33 es inconstitucional, pero le abre la puerta a que sea reelecto en 2028.

Además, de manera extraña acepta que la presidencia del TSJ no se elija por el voto popular, y así Heyden podrá mantenerse en el cargo.

Un proyecto muy polémico que parece tener mano política. 

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(La Opinión) 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tratará el próximo lunes un proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la prórroga que permitió a Heyden Cebada Rivas mantenerse como magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Quintana Roo hasta 2033, pero le abre la puerta a mantenerse en el cargo y participar de la elección judicial de 2028.  
El proyecto fue elaborado por la ministra María Estela Ríos González, y está en la lista de asuntos que votará el Pleno de la Corte el próximo 6 de julio. 
Se plantea invalidar el párrafo cuarto del artículo Tercero Transitorio de la reforma constitucional estatal, publicada el 13 de enero de 2025, con la que se extendió el nombramiento de dos magistrados, que así no participaron en el proceso de renovación mediante voto popular. (ver fotografías abajo)
Ese artículo transitorio permitió que las personas que ocupaban magistraturas numerarias y que no fueron ratificadas, continuaran en sus cargos hasta el año 2033.
Los magistrados beneficiados fueron Heyden Cebada y Ana Mercedes Castillo Carvajal, a quienes se confirmó en sus cargos hasta ese año. 
El proyecto que votará la Corte dice que eso “constituye una prórroga indebida que evade el proceso de democratización judicial y contraviene el modelo constitucional vigente al sustraerse del mecanismo democrático de renovación de las magistraturas”.
Sin embargo, el mismo proyecto le da una solución salomónica al tema. 
Dice:

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“En efecto, el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintiséis, establece que los cargos de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales federal y locales, que no hayan sido objeto de renovación en la elección judicial del año 2025, así como las vacantes correspondientes, se elegirán sin excepción en las elecciones judiciales federal y locales del año 2028; por lo que la norma transitoria que permite prorrogar los nombramientos de personas juzgadoras hasta el año 2033 también resulta inconstitucional”.

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Es decir, considera que es inconstitucional prorrogar nombramientos hasta el 2033, pero aclara que aquellos que no se renovaron en 2025, podrán renovarse en 2028. 
Si se vota tal cual está el proyecto, el Congreso local debería reformar la Constitución y simplemente poner que Heyden Cebada debe renovar su cargo en 2028. Mientras tanto se podrá mantener como magistrado. Y también como presidente del TSJ. 
Eso es porque otro dato relevante del proyecto es que de manera extraña acepta que en el caso de Quintana Roo la presidencia del TSJ no se elija por el voto popular, sino por los propios magistrados. 
Hace apenas unas semanas se votó todo lo contrario en el caso Yucatán, donde se exigió que al igual que en la SCJN, los candidatos más votados se queden con la presidencia de manera rotativa. 
Habrá que ver cómo vota el Pleno, pero por lo pronto parece un proyecto muy polémico al que se le ve una mano política detrás.
Quizá como moneda de cambio para darle protección a Heyden Cebada, por otra parte en el proyecto se le quitan muchas facultades inconstitucionales que el TSJ se había tomado por sobre el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración de Justicia.
Hay que destacar que la impugnación contra la reforma judicial de Quintana Roo la impulsó la propia Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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