No corresponde al Congreso local hacerle juicio político, sino al Congreso de la Unión, aduce en su juicio ante el Trife
El magistrado electoral dice que hay una » persecución política» en su contra, y la ley local no le garantiza la debida defensa
Y asegura que su denunciante, un consejero del Ieqroo, está «emocionalmente dolido»
Pide una medida cautelar para que se frene el juicio político en su contra
El viernes, el presidente de la Gran Comisión comparece ante la autoridad federal electoral
(La Opinión)
El presiente del Tribunal Electoral del estado (Teqroo) Victor Vivas le pido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que emita una medida cautelar a su favor para evitar que el Congreso del estado continúe con el juicio político en su contra.
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales que presentó el pasado 18 de abril ante esa autoridad federal, Víctor Vivas dijo que el Congreso de Quintana Roo no es la autoridad que debe juzgarlo, porque al tratarse de un magistrado electoral el procedimiento lo debería realizar el Congreso de la Unión.
«Al tratarse de un juicio político que conlleva la destitución e inhabilitación del cargo, el procedimiento lo debe conocer el Congreso de la Union a través de sus dos Cámaras, según el título cuarto de la Constitución Federal», dice el magistrado en el escrito admitido bajo el expediente SUP-JDC-0259-2017, en poder de este medio.
Además, basa su pedido en el hecho de que la misma Constitución y las últimas reformas legales nacionales garantizan la independencia de las instituciones electorales locales, la cual sería vulnerada si el Congreso local lo somete a juicio político.
En otro punto de su defensa, Víctor Vivas considera que el procedimiento del juicio político en su contra es inconstitucional, porque no se cumplen las reglas del debido proceso, al no permitírsele ejercer su defensa sino hasta el final del proceso.
Según el magistrado, el hecho de que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del estado no le permite defenderse ni durante el análisis del caso que hace la Comisión de Justicia (que ya decidió la procedencia del juicio político) ni durante el proceso que lleva adelante la Comisión Instructora, le niega su derecho constitucional a defenderse.
Por lo tanto, dice que hasta el momento no ha tenido la posibilidad de alegar a su favor, porque nunca se lo llamó a comparecer, e incluso nunca se lo notificó de que el juicio político en su contra había sido aceptado por la Comisión de Justicia.
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LA DENUNCIA «EMOCIONAL»
Según el magistrado electoral, el pedido de juicio político en su contra nace de una decisión emocional del denunciante, el consejero del Instituto Electoral del Estado (Ieqroo) Sergio Avilés, quien, dice, «está inconforme y emocionalmente dolido por el sentido de las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional local, y la actuación o despliegue de atribuciones de sus integrantes».
Y luego junta eso con la idea de una persecución política en su contra:
«La actitud así desplegada por Sergio Avilés Demeneghi como consejero Electoral del Instituto Electoral local puede entenderse como un desquite por enojo ante la revocación de los acuerdos emitidos por ese órgano administrativo, y a la vez como un intento de persecución política en mi contra y de mis pares Magistrados»
La referencia final tiene que ver con los magistrados que también son parte del mismo juicio político: Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rojas
Finalmente, Víctor Vivas pide que el Trife emita una medida cautelar a su favor.
Si bien reconoce que «en materia electoral la interposición de medidas de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto imputando», considera que en este caso es necesario utilizar esa atribución.
«Ante la inminencia de que la autoridad responsable lleve a cabo la instauración y conclusión de juicio político en mi contra, privándome ilegalmente del cargo que actualmente ostento, y vulnerando de esa manera la independencia y autonomía de órgano electoral que actualmente integro (…) pido que se decrete de inmediato y con el carácter de urgente como medida cautelar la suspensión de todo procedimiento sumario o en forma de juicio que la autoridad esté llevando a cabo».
Ante este procedimiento de Víctor Vivas ante el Trife, que también fue presentado por Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, fue citado a una audiencia este viernes ante la autoridad electoral federal.
El Congreso mantiene su postura de que es autoridad competente para juzgar a los magistrados electorales por mal desempeño de sus funciones, y someterlos a juicio político.
