Consejería Jurídica de AMLO va contra Programa Territorial de CJ; intenta evitar un caos ambiental por el negocio inmobiliario

Consejería Jurídica de AMLO va contra Programa Territorial de CJ; intenta evitar un caos ambiental por el negocio inmobiliario

La Presidencia de la República solicitó a la SCJN que anule ese Programa.

Y que no se apruebe ningún permiso basado en ese instrumento. 

Es la base de PMOTEDUS en los municipios, que ya fueron controvertidos por Semarnat.

La autoridad federal cree que se pone en riesgo el medio ambiente y se violan las leyes y las facultades federales, para explotar un negocio inmobiliario. 

Los PMOTEDUS son impulsores de un negocio inmobiliario descontrolado, que Carlos Joaquín quiere dejar para el próximo sexenio.

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(La Opinión) 

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El Ejecutivo federal pidió a la Suprema Corte de Justicia anular el nuevo Programa de ordenamiento territorial y ecológico de Quintana Roo, alegando que causará daños irreparables al medio ambiente, informó hoy Radio Turquesa. 
La consejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos, presentó una controversia para impugnar el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Sustentable de Quintana Roo, así como la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, publicados el 1 de marzo.
El Ministro Javier Laynez concedió una suspensión contra los programas, expedidos por el Gobernador Carlos Joaquín González, para los siguientes efectos:
“Para que la parte demandada (Quintana Roo) se abstenga de expedir autorizaciones en las materias que abordan los actos impugnados, concretamente en materia de ordenamiento territorial, ecológico y urbano, así como en materia de preservación ambiental, con enfoque especial a áreas naturales protegidas”.
Según la demanda, los programas estatales invaden atribuciones del Gobierno federal, no fueron emitidos conforme a las leyes generales y federales en la materia, y mermarían de modo irreparable el medio ambiente.
Los programas locales de desarrollo en Quintana Roo han sido objeto de disputas con la Federación desde hace años, por la convivencia de zonas turísticas y urbanas con espacios arqueológicos y áreas naturales protegidas, así como la existencia de facultades concurrentes entre los tres niveles de Gobierno.
Quintana Roo puede impugnar la suspensión que concedió Laynez ante una Sala de la Corte, con pocas probabilidades de que sea revocada, y el tribunal puede tomar de uno a dos años para resolver el fondo de la controversia.