Derecho de Saneamiento de Cancún irá 30% a playas, 20% a Seguridad y 50% a infraestructura urbana; serían 350 MDP

La mayoría de los hoteleros había aceptado el acuerdo con la alcaldesa Ana Paty Peralta para aumentar ese derecho que pagan los turistas. 

Pero luego un pequeño grupo se desdijo y se opuso a la medida. 

Se creó un Fideicomiso que administrará el Derecho, que tendrá la mitad de sus integrantes del sector turístico y la otra mitad del Ayuntamiento.

Se tratará de un monto total de alrededor de 350 millones de pesos. 

Aún así, el lobby hotelero busca generar una campaña mediática en contra de la medida. 

Es parte del mismo lobby que realizan para que no se les recorten los recursos para promoción turística desde el Estado. 

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(La Opinión) 

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El incremento del Derecho de Saneamiento que pagan los turistas y recaudan los hoteleros, que generó polémica con ese sector esta semana, se destinará un 30% para limpieza de playas, 20% para Seguridad y 50% para obras de infraestructura urbana. 

Se tratará de un monto total de alrededor de 350 millones de pesos. 

Así quedó establecido en la Ley de Hacienda que aprobó el Cabildo, porque había sido un acuerdo con el sector hotelero que se tomó en la semana. Luego, sin embargo, un grupo interno de los turisteros desconoció esa decisión, y generó un lobby mediático para ir en contra del aumento. 

Los hoteleros, en una reunión realizada el lunes 14 de noviembre con la alcaldesa Ana Paty Peralta, había acordado el aumento del Derecho de Saneamiento, que se paga por habitación hotelera y por día de ocupación. 

Actualmente se paga el 30% de la UMA, alrededor de 28 pesos por día, y con el incremento se iría a un 70% de la UMA, con lo cual la tarifa será de algo más de 67 pesos.   

Incluso, Ana Paty propuso aplicar el 100% de UMA al Derecho de Saneamiento Ambiental en 2023, pero los asistentes aprobaron sólo el 70%. 

En aquella reuniuón, la alcaldesa hizo un llamado a la corresponsabilidad y la toma de decisiones en conjunto: por eso propuso crear por primera vez un Comité técnico con 10 integrantes; 5 de la iniciativa privada, 5 funcionarios municipales, todos con voz y voto para definir el destino de los recursos del Fideicomiso que administra el DSA.

Lo siguiente que se acordó fue destinar el 30% de lo que se recaude por DSA a la recuperación y mejoramiento de las playas y el manejo del sargazo; el 20% a Seguridad y el 50% restante a infraestructura urbana.

Hay que aclarar algo: el DSA no es un impuesto que paguen los hoteleros, ellos sólo son los intermediarios de cobro. Son los turistas quienes lo pagan. 

Por eso llamó la atención el fuerte lobby que generó un sector de la hotelería en contra de esta propuesta. 

En el fondo, es parte del mismo lobby que realizan para que no se les recorten los recursos para promoción turística desde el Estado. 

En el equipo de Ana Paty creen que con estas posturas los turisteros están dejando pasar una oportunidad de oro para influir en la ciudad, por medio del destino que tendrán esos recursos, y en el cual tendrán voz y voto.