La Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos, entre ellos el INAI.
El impacto en el estado será la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, el polémico Idaipqroo.
En lo institucional, es el organismo que debe garantizar la transparencia, algo que no hace.
En lo político, es un refugio de joaquinistas y borgistas, con un presupuesto de más de 53 millones de pesos anuales.
El Idaipqroo desaparecería antes de fin de año.
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(La Opinión)
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado viernes reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
El impacto directo en Quintana Roo está vinculado con el INAI, y será la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, el polémico Idaipqroo.
La reforma alcanza al articulo 116 Constitucional, y extingue los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. (ver fotografía abajo).
Ese artículo dice actualmente que los Estados están obligados a establecer organismos autónomos que garanticen el derecho a la información. O sea, crear esos Institutos que hoy existen.
La reforma dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, “definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados”.
O sea, cada Poder se hará cargo de tener sus propias áreas de transparencia.
Los transitorios de la reforma establecen los tiempos de desaparición tanto del INAI como de los organismos locales.
En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.
En el caso de las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.
El transitorio Quinto dice que “una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el artículo Segundo transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el presente Decreto”.
Eso quiere decir que una vez que la legislatura federal adecue las leyes a la reforma, desaparecen todos los organismos.
Tomando en cuenta que será una de las primeras reformas que apruebe la próxima Legislatura, antes de fin de año desaparecerían el INAI y el Idaipqroo.
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¿TRANSPARENCIA O REFUGIO POLÍTICO?
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En el caso de Quintana Roo, no será mucho lo que se pierda.
Se trata de un organismo que es refugio de políticos del viejo régimen, pero que no tiene ningún peso real en los temas de transparencia.
Hasta ahora, sólo se ha utilizado para darle “premios” a los gobiernos estatales y municipales de turno.
Lo preside Magda Lozano Ocman, esposa del ex diputado priista y joaquinista Carlos Hernández, y está acompañada por los comisionados Claudette González Arellano, una posición de Carlos Joaquín, y José Roberto Agundis Yerena, cercano al ex presidente del Teqroo, el borgista Víctor Vivas, y actualmente cercano al grupo de los “rescatados” de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres.
Y cuando se ve toda la estructura hacia abajo, es todavía peor. La reforma pone a salvo los derechos de los trabajadores, pero no de los comisionados.
Cada uno de estos últimos cobra 120 mil 960 pesos, de acuerdo a su propia información de transparencia, y el presupuesto del organismo para 2024 es de 53 millones 383 mil pesos.
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