El Ieqroo enjuició al Congreso por la disminución de su presupuesto en 62 millones de pesos.
Y dice que hay “imposibilidad material” para realizar consulta de Aguakan con el presupuesto que le dieron.
Y eso abre un conflicto político alrededor del tema, porque la consulta está aprobada de manera definitiva.
Pero nadie quiere la consulta de Aguakan paralela a la elección de gobernador, si Marybel es candidata.
Sería como reglarle una fabulosa bandera de campaña.
El tema está ahora en manos del Tribunal electoral del estado.
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(La Opinión)
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La presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) Mayra San Román Carrillo, presentó un juicio electoral en contra del Congreso del estado por la disminución de su presupuesto, y allí aseguró que con los recursos aprobados hay “una imposibilidad material para llevar a cabo la consulta popular” de Aguakan.
La presentación de Mayra tiene varias aristas políticas, y una de ellas puramente electoral y ligada a Marybel Villegas.
Lo que sucede es que la consulta popular está aprobada de manera definitiva (ya no hay instancias para recurrir en su contra) y es un derecho de los ciudadanos.
Las últimas resoluciones del TEPJF con respecto a la revocación de mandato del Presidente dan una línea a seguir al respecto: la consulta debe realizarse.
Pero por otro lado, la imposibilidad material para realizarla con la próxima elección del 5 de junio pudiera ser insalvable. O al menos, eso se intentaría instalar.
El hecho político del tema es que Marybel Villegas fue la principal impulsora de esa consulta, y nadie quiere la consulta de Aguakan paralela a la elección de gobernador, si Marybel es candidata del MC.
Sería algo así como regalarle a la senadora una extraordinaria bandera de campaña, que las otras candidatas, Mara Lezama y Laura Fernández, no podrían refutar.
Amén de que esa consulta será abrumadoramente en contra de la permanencia de Aguakan como concesionaria del servicio de agua potable (la empresa tiene una pésima imagen pública, ganada a pulso) lo que pondría en serios aprietos a la próxima administración estatal, que deberá revocar la multimillonaria concesión.
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EL JUCIO
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