La nueva Ley de Expropiación ha preocupado tanto a empresarios como a ciudadanos.
Los empresarios se reunieron con Cristina Torres y acordaron presentar un proyecto de reformas a ley recientemente aprobada, porque ven que el Estado sumó muchas causas de expropiación.
Pero también los particulares temen porque se permite expropiaciones a favor de proyectos privados.
El Gobierno asegura que la nueva Ley es para dar certeza, pero ha generado preocupación en diversos sectores sociales.
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(La Opinión)
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La reciente aprobación “fast track” en el Congreso del estado de la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, ha generado una fuerte preocupación en diversos sectores sociales, que temen por un avance del Estado sobre la propiedad privada, e incluso por la posibilidad de que se privilegien grandes proyectos de inversión privada por sobre las propiedad de las personas.
Lo que sucede es que hay algunos párrafos de la ley realmente impactantes.
El artículo 11, que menciona las causas de utilidad pública para que el Estado decrete una expropiación, tiene dos fracciones que preocupan. (Ver primeras dos fotografías abajo)
La fracción XI dice que una causa de expropiación es:
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“La preservación, embellecimiento o saneamiento de los lugares de belleza panorámica”.
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La otra fracción es la XXV, que dice:
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“Proyectos de inversión pública o privada que incidan de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos y la prosperidad compartida”.
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O sea, un proyecto empresarial que sea considerado como un aporte a la “prosperidad compartida”, puede lograr que el estado expropie terrenos para dárselos.
Ademas, loa valuación para el pago de la expropiación se puede hacer a valor catastral, mucho menor que el comercial, y la última instancia jurídica para un ciudadano que esté inconforme es el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, un organismo totalmente dependiente del Poder Ejecutivo.
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UN ¿MAL? EJEMPLO
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Pensando mal (que a veces suele funcionar en estos temas) pongamos un ejemplo para que se entienda
Un gran empresario con buena llegada a algún nivel de poder tiene tierras en Costa Mujeres y quiere hacer un proyecto hotelero verde (por lo ecológico) de gran envergadura, pero le faltan terrenos para hacerlo, y a los aledaños sus dueños no se los quieren vender.
Ahora que el Gobierno Federal va a construir la inexplicable carretera a Costa Mujeres (que empieza a convertirse en explicable), ese gran proyecto hotelero podría declararse como fundamental para aportar a la “prosperidad compartida”, como dice la ley, ya sea por derrama económica o empleos, etc, y en función de ello expropiarse los terrenos aledaños para que el proyecto sea de la magnitud que quieren los empresarios.
Un dato extra: a alguien incluso se le podría expropiar su terreno si es que ese pedazo de tierra aporta a la “belleza panorámica” del proyecto verde (por lo ecológico) que es considerado por el Estado como de “bienestar de los intereses colectivos y la prosperidad compartida”.
La valuación de esas tierras sería al precio del valor catastral, y cualquier inconformidad que se genere, terminaría en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.
En pocas palabras, el expropiado no tiene ninguna posibilidad de pelearle el precio o la expropiación al Estado.
O, quizá, este ejemplo no sea más que una exageración.
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PREOCUPACIÓN DE LA IP
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Este jueves, diversos sectores empresariales se reunieron con la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, para expresarle su preocupación por el tema.
Según el comunicado posterior de los empresarios, “se destacó la importancia de que la nueva legislación contemple un equilibrio entre los intereses públicos y privados, garantizando así la certeza jurídica para los inversionistas y la promoción del desarrollo sostenible en el estado”.
Y se llegó a un acuerdo para que los empresarios presenten una propuesta de modificación a la ley recientemente aprobada, y también participen de las leyes reglamentarias.
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“Como resultado de este diálogo constructivo, se alcanzó el acuerdo de que el sector empresarial participará en la elaboración de una propuesta de modificación a la propia ley en sus diferentes áreas de oportunidad de mejora en el entendimiento y aplicación de la misma, así como un reglamento, asegurando que esta sea inclusiva, transparente y acorde con las necesidades de todos los actores involucrados”, dice el comunicado.
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En el caso de los empresarios la preocupación va por el lado de que ahora hay 25 causas de utilidad pública para expropiar, contra las 11 que había en la ley anterior. (Ver tercera fotografía abajo).
Creen que varias de esas causas atentan contra la seguridad jurídica.
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GOBIERNO GARANTIZA LA SEGURIDAD JURÍDICA
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Horas antes de esa reunión, Cristina Torres fue entrevistada por diversas radios, y luego emitió un comunicado en el cual enfatizó que con la nueva legislación “se clarifican procedimientos y compensaciones más justas para las y los quintanarroenses”, y “se define con precisión la utilidad pública en áreas como infraestructura social, salud y proyectos estratégicos”.
Y fue contra quienes critican la ley.
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“Contrario a lo manifestado por voces discordantes, en el Estado no hay proyectos expropiatorios en curso y con la aprobación de la Ley se actualiza un marco normativo notoriamente obsoleto, ya que databa del año 1978”, dijo.
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Cristina Torres explicó que la nueva Ley es garantista y constitucionalmente sólida, mientras que la anterior estaba obsoleta y no explicaba de manera clara la “utilidad pública”, lo que generaba confusión.
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“La Ley otorga garantías de audiencia a los propietarios afectados, quienes pueden presentar su caso durante el proceso de expropiación, con plena certeza que tendrán procesos justos y el cumplimiento de la Ley como premisas”, dijo.
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Resaltó que, con la nueva Ley, ahora la autoridad debe demostrar que la expropiación es la única opción viable y que el bien común justifica la afectación al propietario quien contara con un procedimiento claro de expropiación, asegurando una compensación justa.
Insistió en que, de ninguna manera, como se pretende hacer creer, se trata de un “cheque al portador” o un “traje a la medida”, sino que incrementa la certidumbre sobre los derechos de propiedad y clarifica que deberán entenderse por utilidad pública proyectos como hospitales, escuelas, parques industriales, etc.
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“El único objetivo de la Ley es ofrecer certeza jurídica a los propietarios y garantizar que los procedimientos de expropiación se realicen de forma justa, clara y transparente, priorizando siempre el diálogo y la negociación”, concluyó.
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