En un evento nacional, Maribel Moreno Cruz dijo que no han podido aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias en el Tribunal de Justicia Administrativa que preside.
Y cargó contra el presupuesto que le dieron, que fue de 110 millones de pesos, casi 30 millones mas que en el 2024.
El Tribunal apenas inicia su función, y ya hay fricciones internas con la presidenta.
El papel de Mayra San Román.
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(La Opinión)
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La presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del estado (TJAyA) Maribel Moreno Cruz, criticó a la Legislatura local por el presupuesto que les aprobaron para 2025, el cual no les permite poner en marcha el Centro alternativo de solución de controversias, al que están obligados por ley.
La magistrada reconoció que la ley los mandata a poner en marcha esos mecanismos, pero dijo que no tiene los recursos para hacerlo, y no está obligada “a lo imposible”.
Las palabras de la magistrada retumbaron, además, en el Primer Congreso Nacional “Mecanismos Alternativos en la Justicia Administrativa”, y fue trasmitido por las redes sociales del propio Tribunal.
Dijo Maribel Moreno:
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“Nosotros al momento de tomar protesta nos encontramos con una Ley General que ya mandata a las entidades federativas a implementar este mecanismo alternativo de solución de controversias”.
“Pero nos encontramos con un tema presupuestal. A veces queremos aspirar a lo que la ley mandata, sin embargo no estamos obligados a lo imposible cuando nos topamos con un tema financiero como es el presupuestal”.
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La magistrada explicó que la idea que tenían es que el Centro comenzara a funcionar con 4 facilitadores y sus respectivos auxiliares, pero no alcanzaron los recursos.
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“En ese sentido, al hacerse la revisión y autorización de nuestro presupuesto por parte de la Legislatura, nos tuvimos que ajustar a la estructura con la que pretendemos arrancar, sólo con dos facilitadores y sus respectivos auxiliares”, agregó.
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Pero aclaró que incluso aun no inicia el procedimiento, porque están en una etapa de capacitación.
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“Esto aun no inicia, y no inicia por una razón fundamental: porque con base a lo que nos mandata la ley, es necesario que la persona titular y los facilitadores cuenten con la capacitación y la certificación respectiva”, dijo.
“Hay que evitar posibles impugnaciones ante el ejercicio de acuerdos de esta naturaleza”, agregó.
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Dijo que “están a punto de cumplir” con la capacitación tres personas del Tribunal. Una persona al frente del centro y dos facilitadores.
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“Eso es lo que nos permitió nuestro presupuesto”, afirmó.
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“Tentativamente empezaremos funciones en la primera quincena de junio, si nos permite el presupuesto”, dijo finalmente.
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