El Juzgado Octavo de Distrito le concedió la suspensión definitiva a la empresa, y mantendrá la concesión hasta que termine el juicio de amparo.
Aguakan va contra la decisión del Congreso de revocar el decreto que le dio una prórroga a la concesión en 2014.
Pero la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, aclaró que la empresa no han ganado nada aún.
“No ha ganado ningún amparo, no ha ganado ningún juicio. Lo que esta diciendo el Juzgado de Distrito es que siga prestando el servicio hasta que el fondo del asunto se resuelva”, explicó.
Y aclaró que el Gobierno del estado ha emprendido también una estrategia penal y administrativa contra la empresa.
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(La Opinión)
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La empresa Aguakan logró una suspensión definitiva en el Juicio de Amparo que lleva adelante contra el Congreso, por lo cual podrá continuar prestando el servicio de agua potable y alcantarillado del estado hasta que resuelva el fondo del asunto.
El Juicio de Amparo es contra la decisión de la actual Legislatura de revocar el Decreto de 2014 por medio del cual la empresa logró extender por 30 años más las concesión, hasta 2053. Al derogar ese decreto, la legislatura ordenó a Aguakan entregar el servicio a CAPA el pasado 31 de diciembre. Ese asunto es el que debe resolver la Justicia.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que la empresa no ha ganado nada y que hay en marcha una estrategia penal y administrativa en su contra.
La encargada de dar esa información fue la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres.
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“La empresa no ha ganado ningún amparo, no ha ganado ningún juicio. Lo que esta diciendo el Juzgado de Distrito es que siga prestando el servicio hasta que se resuelva el fondo del asunto”, dijo.
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Pero la funcionaria agregó que “este tema tiene mas aristas”, y “la revocación es apenas la punta de lanza”.
En ese sentido, explicó que hay un proceso penal y uno administrativo en marcha.
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“Este tema de Aguakan tiene muchas aristas, más allá que la revocación que es la punta de lanza. Nosotros como estado hemos tenido la oportunidad de analizar para seguir exigiendo a la concesionaria la comprobación de estos temas, desde gastos e inversiones, hasta elementos de posible fraude presentados en la carpeta de amparo”, dijo.
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