“No hay voluntad de facilitar a la ciudadanía la información” | ONG’s proponen nueva Ley de Transparencia en el estado

Ciudadanía exige reforma a la Ley de Transparencia con enfoque en derechos, medio ambiente y participación efectiva en Quintana Roo.

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(La Opinión) 

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Ciudadan@s por la Transparencia, AMEXME Riviera Maya, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Centinelas del Agua, CIMAC Cozumel y Amigos de Sian Ka’an se suman para presentar 14 recomendaciones ciudadanas para la reforma a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Quintana Roo, exigiendo se considere un enfoque de derechos, medio ambiente y énfasis en lo local.

Cynthia Dehesa, directora de Ciudadan@s por la Transparencia, señaló que esta reforma representa una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la información como derecho llave que permite la defensa de otros derechos. Subrayó que la ley debe garantizar el derecho a entender, mejorar la calidad y utilidad de la información pública y asegurar una verdadera apertura institucional.

Asimismo, hizo un llamado a que el proceso legislativo se realice bajo el principio de Parlamento Abierto, incorporando activamente la voz ciudadana en todas las etapas, e incluyendo la propuesta de 14 recomendaciones:

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1. Mantener la progresividad de la ley. Garantizar que esta nueva ley amplíe derechos y no los limite. 

2. El acceso a la información debe ser oportuno. Para que permita la participación pública en la toma de decisiones.

3. Armonización de las leyes. Se deben armonizar el resto de las leyes del estado en las que involucra el acceso a la información, la transparencia y la participación ciudadana.

4. La ley debe garantizar el derecho a entender. 

5. Rendición de cuentas como obligación inherente de las instituciones.

6. Mejorar la calidad de la información que recibe la ciudadanía. 

7. Garantizar la accesibilidad de toda la información pública.

8. La Reforma a la Ley de Transparencia debe garantizar la Apertura Institucional real. 

9. Reconocer el acceso a la información ambiental como un derecho humano, en línea con el Acuerdo de Escazú.

10. 10.Garantizar el derecho a la información de todo proyecto social o con impacto ambiental ejecutado por instituciones militares.

11. 11.Coordinación y claridad de responsabilidades para que el sistema funcione. 

12. 12.Integrar en la ley el fortalecimiento municipal en materia de transparencia. 

13. 13.Reforma integral de los archivos,  para asegurar que la información pública esté bien gestionada, sea fácilmente accesible y esté disponible a largo plazo.

14. 14.Acceso a la información sin excusas.  Cuidar el lenguaje de la ley: prevenir cualquier fraseo que limite el derecho a saber y definir claramente qué es La Paz Social para evitar reservas innecesarias de la información. 

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Estas recomendaciones fueron desarrolladas por organizaciones locales y nacionales tras un ciclo de conversatorios especializados impulsado por World Justice Project (WJP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB) así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO) y el conversatorio «Ecotransparencia» impulsado desde sociedad civil.

Por su parte, Valeria Rinderstma, presidenta de AMEXME Riviera Maya, destacó la importancia de la Ley, para el sector empresarial. Destacando que una ley clara y robusta es fundamental para fortalecer la confianza con el sector y brindar seguridad jurídica para los empresarios e inversionistas mejorando el entorno de negocios. 

También remarcó que el sector empresarial se suma a la vigilancia y cumplimiento de leyes más claras, que generen confianza y competitividad.

Desde el enfoque ambiental, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua, remarcó la importancia de incluir referencias claras a las características de las poblaciones locales y mecanismos efectivos de participación para defender los recursos naturales del estado, mencionó que las comunidades deben de contar con información útil y real para la defensa del agua, el territorio y el futuro ambiental del estado y enfatizó que si no hay una ciudadanía informada no habrá una sostenibilidad real.

Finalmente, Aarón Siller, director de la oficina sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), recalcó que la transparencia ambiental debe garantizarse como un derecho humano, conforme al Acuerdo de Escazú. 

Reconoció que hay sesgos desde la ley anterior, y que esta reforma es una oportunidad para mejorar. Mencionó que actualmente, en cada solicitud de información que se realiza, se lleva a cabo el proceso de recurso de revisión porque no existe la voluntad de facilitar a la ciudadanía la información, sobre todo en asuntos ambientales. 

Por último, hace un llamado a reconocer la naturaleza del estado con ecosistemas únicos y que son clave para el turismo, y que estas particularidades deben de reflejarse en la ley.

La sesión finalizó con un llamado al Congreso del Estado para garantizar un proceso legislativo abierto, transparente y con verdadera participación ciudadana. Invitaron a la ciudadanía, medios y actores institucionales a difundir la propuesta, construida colectivamente.