“Estamos defendiendo, por omisión, lo que hizo Beto Borge”, dijo el diputado, en un duro discurso en el Congreso.
“Y de todos los que estamos peleados imaginariamente.. así, imaginariamente, virtualmente”, agregó, en un tono mas político.
Fue en el marco de la Comisión Especial para analizar el caso de la empresa, en donde tiene un espacio el neojoaquinismo y dos diputadas del sur del estado.
Ricalde dijo que Aguakan le debe 7 mil millones de pesos al Estado, y que es falso que no se pueda rescindir la concesión.
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(La Opinión)
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El diputado independiente Julián Ricalde emitió un duro pronunciamiento con respecto a la situación de la empresa Aguakan, y advirtió que si se intenta administrar el conflicto con la empresa, el tema “va a estallar”.
Ricalde se pronunció de esa manera ante el Pleno del Congreso este martes, en el marco de la creación de la Comisión Especial Transitoria que analizará la situación de la empresa desde el punto de vista del Congreso.
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“Ya que tenemos una Comisión, por favor trabajemos, demos resultado. No vayamos a tratar de encapsular y, lo peor, de administrar un conflicto, porque va a estallar”, advirtió el diputado.
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En ese sentido, dijo que la inacción que hay con el tema los hace a todos cómplices del pasado.
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“Estamos defendiendo, por omisión, lo que hizo Beto Borge”, dijo.
“Y de todos los que estamos peleados imaginariamente.. así, imaginariamente, virtualmente”, agregó.
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Esa ultima parte de la frase tuvo un alto contenido político, porque las luchas “imaginarias” de la 4T local son contra el pasado. Pero en ese pasado no incluyen a Carlos Joaquín, cuyo gobierno fue cómplice de los incumplimientos de Aguakan.
De hecho, una de los puntos mas polémicos de la Comisión Especial de Aguakan fue la inclusión de la diputada Yohanet Torres, ex titular de Sefiplan durante la pasada administración.
Yohanet tenía el poder de cobrar a la empresa lo que debe al estado, pero nunca lo hizo. Y ahora, “analizará” la situación de la concesionaria.
En ese sentido, Julián Ricalde dijo que la empresa le debe 7 mil millones de pesos al estado por incumplimiento de contrato, y por lo tanto es falso que para quitarle la concesión se la deba indemnizar.
Ese monto se origina en que la empresa está obligada a pagar una contraprestación anual a CAPA, y debe invertir 750 millones de pesos en infraestructura. Pero nunca cumplió.
«Y desde el día uno en 1993, les vale madres. De ahí en adelante ha sido la fiesta”, dijo Ricalde.
“Como no ha cumplido desde que nació, hay que ver que se vaya”, agregó.
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El diputado dijo que ha hablado con directivos de Aguakan, y que lo trataron de manera soberbia porque consideran que nada va a pasar.
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«Ellos mismos piensan que esto es una bandera política”, dijo.
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