El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Rubén Oyarbide, anunció desde el año pasado una importante reforma que incluye la creación de cinco direcciones.
También, “dignificar” el trabajo policial, y elevar a rango de Universidad la Academia Policial Estatal, entre otras cosas.
Pero la incitativa ni siquiera ha llegado al Congreso, y la seguridad se ha convertido en el principal reclamo ciudadano a la actual administración estatal.
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(La Opinión)
Pese a que fue presentada ante los diputados en una comparecencia en noviembre pasado, a seis meses del nuevo Gobierno estatal aún no se ha presentado la reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado, y otras vinculadas al tema, que buscan instalar un nuevo sistema homologado con la Federación.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Rubén Oyarbide, anunció desde el año pasado ante los diputados esa reforma, que incluye algunos cambios profundos y necesarios.
Pero hasta hoy, la iniciativa no se encuentra entre los pendientes que tiene la actual Legislatura, de acuerdo a la página web del Congreso. Allí sólo hay una iniciativa del Verde para crear la Policía Cibernética.
Sin embargo, la propuesta que presentó Oyarbide era muy amplia y parecía estar lista.
Lo primero que se propuso es un cambio de nombre, ya que pasaría a llamarse Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y se alinearía al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Pero la reforma tiene mucho más. Incluye por ejemplo, la creación de cinco direcciones de policía.
Son la Policía Estatal de Caminos; la Policía Procesal; la Policía de Reacción; la Policía de Seguridad y Custodia Penitenciaria y la Policía de Investigación y Análisis.
El proyecto se basa en 4 metas principales a seguir: dignificación, capacitación, equipamiento y fortalecimiento institucional.
El apartado de dignificación va directamente dirigido a los policías.
Propone mejores sueldos, capacitación, desarrollo educativo de las familias, mecanismos de acceso a vivienda, y un programa de Apoyo Económico para beneficiarios de personal fallecido en cumplimiento de su deber.
Además, se elevará a rango de Universidad la Academia Policial Estatal.
Otro punto importante es que se buscará un acuerdo con Yucatán y Campeche para hacer un blindaje de la Península, y se generará un “combate frontal” contra el cobro de derecho de piso y la extorsión.
Como se ve, se trata de puntos fundamentales en el combate a la inseguridad, que es, sin duda, la principal exigencia ciudadana con el Gobierno.
Pero a pesar de ello, la iniciativa ni siquiera ha llegado al Congreso.
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