El Congreso aprobó una reforma que acorta la etapa de validación y verificación en esos procedimientos.
Y se derogan los artículos donde está el Procedimiento de Aclaraciones y el capítulo del Recurso de Revisión.
Se considera que allí está el principal impedimento para llevar a los funcionarios a la justicia.
Gran parte de esos artículos los aprobó MORENA en la pasada Legislatura para proteger la salida de Carlos Joaquín y sus funcionarios.
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(La Opinión)
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El Congreso del estado aprobó este martes una reforma a la “Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo”, mediante la cual se busca agilizar los procesos de denuncia en contra de los funcionarios salientes cuando se encuentren irregularidades.
Entre cosas la reforma, que fue presentada por la gobernadora Mara Lezama, disminuye de 60 a 40 días la etapa de validación y verificación, una vez firmada el acta administrativa.
Pero lo sustancial es que deroga todos los artículos que tienen que ver con el “Procedimiento de Aclaraciones”, y también quita todo el capítulo del “Recurso de Revisión”.
Se considera que ambos procedimientos sólo aumentan la carga de trabajo de los funcionarios entrantes y estiran los procesos de verificación de información.
Ahora, la verificación de la información se hará en 40 días hábiles luego de la firma del acta, y si se encuentran inconsistencias o irregularidades, se le dará al funcionario saliente un plazo no mayor a 10 días hábiles para que responda.
Si el funcionario saliente no responde o su respuesta no es satisfactoria, el funcionario entrante puede inmediatamente presentar la denuncia.
Eso agilizará totalmente los procedimientos.
De acuerdo a la postura oficial que dieron a conocer los diputados, la reforma se hizo “con el propósito de fortalecer y perfeccionar los procesos de entrega recepción en la entidad”, y “se depuran procesos administrativos obsoletos que hacen engorroso los actos concernientes de entrega recepción, buscando con ello mejores prácticas administrativas simplificadas que agilicen dichos procesos”.
Entre las modificaciones se establece un capítulo denominado “Del Enlace para el Proceso de Entrega Recepción Individual”, mediante la cual se establece que las personas titulares de los entes públicos tendrán la obligación de designar a un enlace para vigilar y verificar, en coordinación con la autoridad revisora, los procesos de entrega recepción individual.
Un dato curioso es que al reforma la presentaron y aprobaron MORENA y sus aliados de la 4T, pero gran parte de los artículos que se van a derogar los aprobó la misma 4T en la pasada Legislatura, para proteger la salida de Carlos Joaquín y sus funcionarios.
Como se sabe, tanto el ex gobernador como sus funcionarios no han sido perseguidos por actos corrupción durante la pasada administración, y en gran parte ha sido por el blindaje legal que le dio la 4T, según lo reconoció en su momento la propia Contralora del estado, Reyna Arceo.
También hay quien ve una intencionalidad política en el momento en que se presenta esta reforma.
Con la nueva Ley, que entrará en vigor inmediatamente, MORENA podría convertir en una pesadilla el procedimiento de entrega recepción en Solidaridad, donde la panista Lili Campos debe entregar el poder a la morenista Estefanía Mercado.
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