Para el primero se destinaron más de 86 millones de pesos para que sólo se ocupen tres naves industriales.
Pero hay muchos recursos a “consultores externos”, y hubo adjudicaciones directas que se saltaron la ley.
Y se gastaron casi 650 mil pesos para “promocionar” el recinto.
Como se utilizaron recursos federales, podría haber complicaciones con la ASF.
El caso de la Central de Abastos fue un proyecto que se entregó sin licitación.
Además, en ambos proyectos se perdieron 3 millones de pesos de aportación inicial, por la mala elección del Fiduciario.
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(La Opinión) (con información de Noticaribe)
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La entrega recepción “de terciopelo” entre el gobierno saliente de Carlos Joaquín y el de Mara Lezama empieza a mostrar algunas grietas.
Una nota publicada en el medio electrónico Noticaribe, destaca millonarias irregularidades en dos de los proyectos emblema del ex gobernador: el Parque Industrial y la Central de Abastos.
En el proceso de análisis de esos proyectos, se encontraron “daños multimillonarios al erario público, así como procedimientos irregulares y contratos poco claros”.
De acuerdo a la información del proceso de entrega recepción (folio FNE-161104-C1-2QROO- 00329860) al Parque Industrial el gobierno de Carlos Joaquín destino 86 millones 167 mil 248 pesos al 31 de enero de 2021.
De este monto, 3 millones 292 mil 209 pesos se destinaron para estudios;
40 millones 698 mil 653 pesos para naves y oficinas Administrativas;
35 millones 602 mil 930 pesos para vialidades;
5 millones 512 mil 179 pesos para acciones complementarias como la construcción de la Caseta y equipamiento;
190 mil 820 pesos para Servicios Relacionados con la construcción;
225 mil 656 pesos por concepto de pago de concesiones del Recinto Fiscal Estratégico, y
644 mil 800 pesos para la promoción del Parque Industrial.
Y todo eso, para que sólo haya 3 naves industriales ocupadas.
Además, hubo pagos indebidos a “consultores externos”, y adjudicaciones de manera directa por fuera de la ley.
Como se utilizaron recursos federales, podría haber complicaciones con la Auditoría Superior de la Federación, que incluso podría obligar al Estado a devolver esos recursos.
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