En los estados los magistrados y jueces durarán en sus cargos 9 años, aunque con posibilidad de reelección.
En Quintana Roo la actual ley les otorgaba 15 años a los magistrados pero sin reelección y 6 a los jueces, que podían luego ser confirmados hasta su retiro.
Fue uno de los cambios de última hora que hizo el Congreso de la Unión sobre la Constitución Federal, que ahora se impone a todos los estados.
El estado deberá aplicar la reforma judicial a más tardar en 2027, y los magistrados y jueces deben ser votados de manera directa.
Y habrá un problema de dinero, porque ya no podrán cobrar más que el presidente.
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(La Opinión)
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La reforma al Poder Judicial que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo de última hora un cambio que podría poner en aprietos a los gobernadores en turno que quieran armar una justicia a modo durante muchos años.
El texto original de la reforma modificaba el artículo 116 constitucional y obligaba a los estados para que sus magistrados y jueces también sean elegidos por el voto popular, como en la Federación, pero les daba la libertad de definir los años que permanecerían en el cargo. (ver primera fotografía de abajo)
Pero en el tramo final de la discusión eso cambió, y ahora la propia Constitución Nacional establece cuánto durarán los magistrados locales y jueces en sus cargos. (ver segunda fotografía de abajo)
Como quedó la reforma, el artículo 116 establece que los magistrados y jueces durarán en sus cargos 9 años con posibilidad de reelección, lo que cambia toda la ecuación para los mandatarios locales.
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BUENAS Y MALAS NOTICIAS
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En el caso de Quintana Roo, esa reforma de última hora podría disminuir el “reinado” del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Heyden Cebada.
Sucede que la Constitución local dice que las Magistraturas del TSJ durarán en su encargo un período de 15 años, sin posibilidad de reelección. Y la presidencia es de 5 años con posibilidad de reelección. Pero eso deberá cambiar.
La idea del Gobierno del estado era que una vez aplicada la reforma en lo local, ese periodo de 15 años podría comenzar a computarse desde 2027 y terminar en 2042. Y no sólo para Heyden, sino para los 11 magistrados del Tribunal, que se elegirían todos bajo la contundencia electoral de la MORENA en el estado.
O sea, un Tribunal a pedir de la gobernadora Mara Lezama.
Y una situación similar ocurre con los jueces. La Constitución local dice que pueden estar 6 años, y que pueden luego ser confirmados hasta su retiro. Con eso, MORENA podía imponer a sus jueces casi a eternidad.
Pero ahora todo cambia, y tanto magistrados como jueces sólo podrán estar 9 años en el cargo y con una sola posibilidad de reelección.
En los hechos, es un límite a los gobernadores; un límite generoso, pero límite al fin.
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EL CASO QUINTANA ROO
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Pongamos el caso de Heyden Cebada como ejemplo de lo que podría suceder en el estado.
Según los artículos transitorios de la reforma, los estados tienen 180 días para modificar sus Constituciones y los nuevos magistrados y jueces deben ser votados en la elección extraordinaria de 2025, o, a más tardar, en la ordinaria de 2027. (ver tercera fotografía de abajo)
En Quintana Roo la idea era hacerlo en 2027, y mantener las magistraturas de 15 años. Con ello, el actual presidente del TSJ se mantendría hasta 2042, y con la posibilidad de ser presidente durante 10 años.
Ahora, como quedó finalmente la reforma aprobada, podría ser magistrado (si es votado en la urnas en 2027, algo nada difícil de hacer para MORENA) hasta 2036, y con la reelección podría quedar hasta 2045, pero ya no sería tan fácil porque dependería de otro contexto político.
Aun así, no es realmente una mala noticia para Mara Lezama, que podría dejar un Tribunal totalmente propio por un sexenio y medio después de su salida del poder. Algo nunca visto en Quintana Roo.
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TOPES SALARIAL
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El otro problema que se desatará en los estados es el límite que se establece para que las remuneraciones de los magistrados no pueda ser mayor a la del Presidente. (ver último párrafo de la segunda fotografía de abajo).
Y además, en los transitorios, se les impide manejar fondos o fideicomisos no establecidos en la ley, algo que podría impactar en Quintana Roo, donde el TSJ puede hasta invertir el dinero en bonos. (ver cuarta fotografía de abajo).
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