La empresa presentó un amparo ante la Justicia para evitar que le quiten la concesión este 31 de diciembre.
Busca una suspensión provisional que le permita continuar operando el servicio de agua potable.
Además, hizo pública una carta a la gobernadora y alcaldesas en la cual aseguran que si le quitan la concesión deberán devolver todo el dinero que la empresa invirtió.
.
(La Opinión)
.
Aguakan presentó un amparo ante la Justicia para evitar que se dé por concluida su concesión del servicio de agua potable y alcantarillado este 31 de diciembre, y además, por otra parte, la empresa advirtió que si le retiran esa concesión, el Estado y los municipios deberán pagarle alrededor de 8 mil millones de pesos.
Fuente internas del Congreso del estado confirmaron que este viernes recibieron la notificación del amparo de Aguakan, que busca, en un primer término, que una suspensión provisional le permita seguir manejando la concesión más allá del 31 de diciembre.
Como se recordará, el pasado viernes el Congreso derogó el decreto del año 2014 que le había concedido una prórroga anticipada de la concesión a la empresa, con la cual Aguakan se mantendría hasta 2053.
Al derogar esa prórroga, el contrato vuelve a sus términos originales, y por lo tanto el Congreso exigió a Aguakan que este 31 de diciembre (día que se vence su contrato original que inició en 1993) entregue a CAPA el manejo del servicio de agua potable y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
Por eso, Aguakan busca mediante un amparo frenar esa situación, mientras lleva adelante una estrategia legal para continuar al frente de la concesión.
.
COMUNICADO
.
Por otra la empresa hizo público un comunicado dirigido a la gobernadora Mara Lezama y las alcaldesas Ana Paty Peralta (Benito Juárez) Atenea Gómez (Isla Mujeres) Blanca Merari (Puerto Morelos) y Lili Campos (Solidaridad) mediante el cual les advierte sobre el monto que deberán pagar si le quitan la concesión.
“La indemnización deberá cubrir los muchos miles de millones de pesos invertidos por la concesionaria y sus inversionistas a lo largo del tiempo”, dice el documento.
En el mismo documento la empresa recuerda que sus inversiones desde el inicio de la concesión han sido de alrededor de 8 mil millones de pesos actualizados, por lo que ese sería, en un principio, el monto que aseguran que el estado debería devolverle.
La empresa acusó al Congreso de actuar “improvisadamente y sin justificación”, e hizo un llamado a todos los órganos de gobierno, “especialmente a la gobernadora Mara Lezama, para que se conduzcan dentro del marco legal”.
Abajo el comunicado de la empresa.
.
