Hugo Martoccia – Mesa Chica
La Secretaria de Infraestructura y Transporte es una maquinaria gigantesca y políticamente apetecible. Tan sólo su nombre da una idea del poder económico y político que tiene.
En este gobierno la conduce Jorge Portilla. Sus resultados están a la vista. Desde el inicio de la administración de Carlos Joaquin, Sintra fue quizá la dependencia más rápidamente absorbida por las formas y los modos del pasado.
Entre sus múltiples funciones, tuvo que lidiar con los poderosos Sindicatos de Taxistas. Había varias formas de hacer ese trabajo; Sintra prefirió el acuerdo, o quizá la complicidad.
La batalla entre taxistas y Uber es apenas la cara más visible de ese despropósito político. La dependencia estatal se convirtió en una gran recaudadora de recursos en efectivo (cientos de millones de pesos) por las multas a los Uber, y permitió a los taxistas tomar la justicia por sus manos. Cumplió con la caja; no con la política del cambio.
Hay decenas de videos en las redes sociales donde se muestra que los operativos contra Uber los encabezaban taxistas, con el apoyo de inspectores de Sintra. En las últimas semanas eso cambió: ahora los taxistas los hacen por sí mismos. Los Sindicatos se han convertido en una fuerza casi parapolicial; anárquica, desafiante, oscura y poderosa.
Un dato explica todo el contexto: al día día de hoy, los Sindicatos de taxistas son, entre todos los poderes fácticos del estado, el que más visiblemente ha ganado poder con el cambio de administración.
LA ILEGALIDAD DE UBER DEBE RESOLVERSE
Que quede claro: Uber es ilegal en Quintana Roo, y el Estado es el que debe poner orden. Eso, al día de hoy, no está en discusión. No se puede avalar una ilegalidad porque resulte más cómoda, ventajosa o simpática.
O se le abre un espacio a Uber, o se lo expulsa del Estado. Pero para tomar esa decisión hay que entender el fondo del asunto: lo que pelean los taxistas es, nada más y nada menos, que mantener un monopolio. Nada más alejado al Estado moderno en que se quiere convertir Quintana Roo.
Pero aún así, es una decisión que se debe tomar, para un lado o para el otro. La indefinición ya causó dos muertos.
En ese punto, el Congreso también tienen una tarea. El diputado panista Fernando Zelaya, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, ya lleva más de un año anunciando una nueva Ley de Movilidad, que parece estar totalmente fuera de su alcance. Una campaña electoral inaccesible lo ha distraído de los asuntos importantes.
LA VIOLENCIA Y LOS RIESGOS
En un contexto tan confuso, alguien debía poner orden. Pero nunca se hizo.
La cacería sobre los Uber ya había generado un muerto meses atrás. A nadie le importó. De allí en más la escalada de violencia de los taxistas contra cualquiera que pareciera un Uber solo fue creciendo.
Los hechos fatales ocurridos este jueves son, hasta al momento, solo un eslabón más de una cadena imposible de mensurar. ¿Cuál es el límite de esta situación? No lo sabemos.
Hace algunas semanas que en el Gobierno andan preocupados y muy recelosos con cualquier información que afecte al turismo. Bueno, aquí tienen una bomba de tiempo activada. Los taxistas ya han generado varios inconvenientes con turistas porque pelean el monopolio de paradas y rutas. Pero si no hay un freno en esta guerra, lo que se viene será mucho peor.
¿La reacción se dará cuando muera un turista en una de estas “batallas campales” que ya anunció Sintra?
En las próximas semanas quedará claro si la situación llegó a un punto de quiebre, o si se trata de un costo a pagar a cambio de que los sindicatos de taxistas presten los viejos servicios políticos y electorales que los hicieron imprescindibles para el sistema.
