Hugo Martoccia – Mesa Chica
La buena noticia de la semana es que el gobernador Carlos Joaquín decidió abrogar la «Ley Borge» para periodistas y defensores de derechos humanos. Fue una decisión coherente con las expectativas que abrigan su gobierno. El mandatario evitó la tentación de la soberbia y el autoritarismo, tan común en el estado. Pero hasta ese momento el silencio en el entorno político, de propios y extraños, fue llamativo. Todos esperaban la palabra del gobernador para saber lo que debían decir y hacer.
La mala noticia, entonces, es que la decisión fue exclusiva del gobernador; nadie de su gobierno, y ni siquiera de la oposición, alzó la voz. Es lo mismo de siempre: considerar casi santa la palabra del gobernador. Ni siquiera los pocos funcionarios que creyeron que el mandatario estatal se equivocaba en este caso, decidieron hablar. Los otros ni siquiera lo pensaron: confundieron terquedad con autoridad, y obsecuencia con disciplina política.
Carlos Joaquín tomó la decisión de abrogar esa ley porque vio a un colectivo periodístico, organizado y sólido, que presentó una batalla por su dignidad. Esa fue toda la oposición que tuvo. Y, por suerte, fue suficiente. La nueva Ley tomará mucho de la actual, sin duda, e incorporará varias mejoras. Pero, fundamentalmente, será discutida en un entorno democrático, diametralmente opuesto a la opresión del borgismo.
Pero ahí viene el otro debate. Para que exista un ambiente plenamente democrático debe existir una oposición. Pareciera que en Quintana Roo eso hoy no sucede. Existen, ciertamente, grupos políticos que quieren tomar o volver al poder, y que se expanden subrepticiamente. Lo cual es absolutamente valido. Pero ninguno participa del debate público.
La libertad de expresión y la de disentir, por la cual se luchó, parece que está congelada esperando que alguien la utilice.
En pocos días, el Congreso del estado debatirá las reformas legales para el Sistema Anticorrupción, que ya fue duramente criticado por la Asociación Civil Somos Tus Ojos. Y luego deberá discutir, entre otras cosas, la Ley de Asociaciones Público Privadas, y la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos. Se trata de tema muy polémicos, potencialmente peligrosos para el Estado, que nadie quiere discutir.
Podría suceder que sean aprobadas casi sin debate leyes que cambiarán el perfil del Estado de los próximos años, porque la oposición natural está aletargada.
El PRI es un partido confundido. Su dirigente estatal, y también diputado local, Raymundo King, no tiene el liderazgo para marcar una agenda opositora. Su principal agenda, de hecho, es conservar su lugar en el partido, y ordenar un poco la casa para la batalla que viene. Sus diputados hacen lo que quieren. Dos de ellas, Leslie Hendricks y Candy Ayuso son, en los hechos, oficialistas; aliadas políticas del gobernador.
El Partido Verde tiene sus propios conflictos. Algunas posturas del diputado José De la Peña han sido la única voz opositora del Congreso en estos meses. Pero no puede pasar de ahí. El partido tiene un proyecto que incluye consolidar sus bastiones electorales, y de allí saltar a la toma del poder en el Estado, en el 2022. No necesita las trifulcas del presente.
Por el momento, entonces, prefieren el perfil bajo y el trabajo en tierra. El alcalde de Cancun, Remberto Estrada, ha decidido, para lograr ese objetivo, mejorar su relación con el gobernador con sonrisas y alabanzas. No hubo un solo alcalde de Cancún que no intentara lo mismo. Y no hubo uno solo que no fracasara en el intento.
Pero aún así, se entiende su postura. El alcalde está decidido a fidelizar su voto, ese que tiene base en la exitosa estrategia de las despensas verdes. Solo hace falta ver su agenda pública de las últimas semanas para entender que el presidente municipal ya está en campaña. En ese contexto, prefiere no adelantar el conflicto inevitable con el Gobierno del estado, que sueña con ganar Cancún, pero que aún ni siquiera tiene un candidato firme para dar esa batalla.
El otro partido que debería ser opositor es MORENA. Pero en Quintana Roo le cuesta encontrar a su «mafia del poder». Sus diputados están asociados al oficialismo, sin fisuras, y su dirigencia no puede aún consolidar y extender un discurso diferente, más acorde al mensaje de su líder nacional, Andres Manuel López Obrador.
La única oposición a Carlos Joaquín viene de un cierto sector de la prensa, y de las operaciones políticas soterradas de grupos de poder diferentes al del gobierno estatal. Ambas expresiones son válidas en la democracia. Pero no suficientes. La escueta prensa crítica pasa momentos de inquietud y duda. La corrección política no es nunca una buena decisión para el periodismo.
¿Quien representa hoy en el estado una idea distinta a la del gobierno? Muchos, pero muy pocos la expresan. Y ahí está el problema para la sociedad.
Para el Gobierno el problema es otro. O quizá sean dos. Por un lado, el hecho de que la posibilidad de caer en el autoritarismo pareciera solo tener un límite: la propia conciencia de Carlos Joaquín. Por el otro, creer que esa aparente pax política en la superficie, significa que tiene el control total del estado. Ese podría ser un error fatal a un año de una elección decisiva.
