Hugo Martoccia – Mesa Chica
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Que Mara Lezama tiene un proyecto transexenal no es un secreto para nadie. Y no se trata de una especulación política sino de estricta contabilidad institucional. Reformas a leyes para que Tribunales y Fiscalías tengan periodos constitucionales de 12 años, o los 14 años que podría quedarse alguien en cualquier Órgano Interno de Control del estado (OIC) y organismos autónomos, es una señal inequívoca de que la gobernadora piensa en dejar su huella mucho más allá de 2027.
Pero ese armado institucional marista, impuesto de manera impecable e implacable desde el Congreso, no se condice con su aplicación en la realidad. No porque sea menos implacable, sino porque es menos, o directamente no es, marista.
En los últimos días la operación se ha dado alrededor de los Órganos Internos de Control. Hay que recordar que en las últimas reformas constitucionales propuestas por la gobernadora, esos Órganos fueron desmantelados y se estableció un nuevo criterio: se nombrarán a todos sus titulares de nuevo y durarán en su cargo 7 años con la posibilidad de ser reelectos por otro periodo igual.
Se trata de un cargo demasiado importante en la estructura interna de las dependencias, porque con un nombre amigo allí todo puede fluir fácilmente; con un enemigo, el día a día puede ser una pesadilla.
Mara hizo esa reforma, evidentemente, con la idea de trascender su sexenio con ese poder de control. Pero a la hora de poner en marcha ese proyecto, las cosas no son como se esperaba.
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JOAQUINISTAS Y BORGISTAS
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En el Congreso del estado se está trabajando en este momento en el maquillaje de los nombramientos. Eso quiere decir que se están cumpliendo los pasos jurídicos necesarios (inscripción y valoración de interesados; entrevistas y posterior elección) pero la decisión de quienes van a quedar ya está tomada; los diputados sólo la van a avalar con su voto. Y ahí está la polémica.
Por ejemplo, ya se decidió que en el OIC del Ieqroo va a quedar Luis Alberto Alcocer Anguiano. Se trata de alguien que fue director de ese mismo organismo en 2016, y que fue denunciado por el uso indebido de listas nominales. Era parte de un grupo interno del Ieqroo que, bajo las órdenes de Mayra San Román Carrillo, trabajó para Roberto Borge en su intento de evitar la llegada de Carlos Joaquín al poder.
Luego, Mayra terminó trabajando para Carlos Joaquín como hoy trabaja para Mara desde el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Lo que se dice, una mujer “institucional”.
En el Tribunal Electoral, el Teqroo, va al OIC Ilse Cossío. Es la esposa del Oficial Mayor de Mara, Adrián Díaz, del grupo cercano al magistrado Carlos Lima, parte del antiguo equipo de Borge, aunque Ilse Cossío tiene un historial de trabajo en la administración pública.
También hay personas directamente vinculadas con Carlos Joaquín. Por ejemplo Karla Cetz Estrella, que irá al OIC de la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de la esposa del ex Auditor del estado, Manuel Palacios Herrera, a quien Carlos Joaquín puso desde el inicio de su administración para limpiar sus Cuentas Públicas, y luego se lo impuso dos años a Mara para que le cuide las espaldas en su salida.
Otro nombramiento vinculado a Carlos Joaquín es el de Teresita Quiven, en el OIC de la Fiscalía General del estado. El ex gobernador la puso allí mismo, vía el Congreso, en 2021, para cuidar a su Fiscal, Oscar Montes de Oca, y ahora repetirá por 7 años más, por lo menos, para cuidar al Fiscal de Mara, Raciel López Salazar, quien fue ratificado por 12 años más en el cargo.
Un caso particular es el de Francisco Flota Medrano, que irá al OIC del moribundo Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado (Idaipqroo), que debería desaparecer en los próximos meses.
Se trata de alguien vinculado con el borgismo, etapa en la que fue presidente del Consejo Ciudadano de Bacalar y también fue presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso en la época de Félix González Canto. Luego se mantuvo mucho tiempo en la Aseqroo.
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VERDES
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Si se va un poco más allá, lo que se encuentra es el peso de los verdes o de otros actores políticos que se van acomodando alrededor de ese Partido. Por ejemplo, el Fiscal General, Raciel López, está muy vinculado a ese partido; también el titular del Poder Judicial, Heyden Cebada, que seguramente irá a la elección popular para estar 9 años más, y Miguel Cheluja, el Auditor Superior del estado. Por otro lado está la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, Minerva Maribel Moreno, que tiene una historia particular.
Ella fue parte del “paquete de impunidad” de Borge, que la nombró justamente en el Tribunal de Justicia Administrativa en sesiones del Congreso que se hicieron en hoteles de la zona hotelera, y que luego desmanteló el neojoaquinismo.
Pero Carlos Joaquín no se la sacó de encima, y la mantuvo en la Sefiplan, en donde era la verdadera mano que manejaba las finanzas estatales. Los diputados de aquellos años recuerdan que con ella se discutían los presupuestos.
Ahora, llegó al mismo Tribunal que Borge le quiso dar, de la mano del senador Eugenio “Gino” Segura, en esta lenta transición de poder que está haciendo Mara hacia su único delfín de cara a la sucesión de 2027.
Una situación similar ocurre con quién estará a cargo del OIC de ese Tribunal de Justicia Administrativa. Se trata de Edwin Celis Madrid, quien llega también de Sefiplan con la bendición de Gino y Minerva.
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DEEP STATE
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