Hugo Martoccia – Mesa Chica
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Los hechos políticos sucedidos en los últimos días, que incluyen iniciativas de ley de gran calado, el empoderamiento de un nuevo grupo político, y el trasfondo del conflicto con los taxistas, entre otros, han dejado, para algunos, la sensación de que se está frente a un cambio en la estrategia de poder en el Estado, que va hacia un proyecto político más sólido y con una proyección transexenal como nunca hubo. Otros, por supuesto, dicen que sólo es más de lo mismo; lo que hemos visto en cada sexenio, solo que con otros nombres y otros colores.
Primero, vamos a los hechos. Desde la cúspide del Poder estatal se determinó esta semana nombrar como Auditor del estado a alguien cercano al nuevo proyecto político que crece a la sombra del marismo; desaparecer el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y crear otro; cambiar todos los Órganos Internos de Control (OIC) del estado; darle autonomía constitucional a la Fiscalía Anticorrupción y estirar los periodos para los titulares tanto de esa Fiscalía como de la General, entre otras reformas de menor intensidad.
En el medio de ello, se decidió la detención del líder taxista de Tulum por hechos gravísimos, con todo lo que eso significa en la relación con ese intocable poder fáctico. Y unos días antes se dio un cambio sustancial en el control del Congreso del estado, a favor solo de MORENA y el Verde.
A esa línea de conducta hay que agregarle un hecho del pasado y uno del futuro. El del pasado es el el “carro completo” del 2 de junio, cuando el Gobierno operó con todas las artes y las mañas del viejo sistema para ganar a como diera lugar. El del futuro es la reforma al Poder Judicial, que, como se sabe, impactará en los estados. Si finalmente se aprueba a nivel federal, en 2027 toda la Justicia de Quintana Roo se va a renovar bajo el peso electoral de MORENA.
Esa enumeración de hechos muestra a las claras, para algunos, un endurecimiento de la mano del Poder en el estado. Parece un manotazo en la mesa hacia los acuerdos ya inútiles con el pasado, y a su vez una señal de que el futuro ya llegó y se escribe en la oficina de la gobernadora Mara Lezama.
Un repaso por fechas y números diversos asociados a esos temas sostienen esta teoría. Si las reformas comentadas se aprueban, la situación quedaría más o menos así:
Mara Lezama tendría ya un nuevo Auditor del estado, con mandato hasta 2031 y con posibilidad de reelección; nombraría a todos los magistrados del TJA, que quedarían en su cargo hasta el 2036; también a los titulares de los OIC en todas las dependencias estatales y organismos autónomos, que estarían nombrados primeramente hasta 2031 y podrían repetir hasta 2038; nombraría al titular de la Fiscalía Anticorrupción, quien, junto al actual Fiscal General, tendrían mandato hasta 2036, y finalmente cambiaría, en 2027, a todo el Tribunal Superior de Justicia (y todos los jueces del estado) con mandato hasta 2042.
En síntesis, un proyecto de poder con una proyección pensada a 15 o 20 años, como no se ha visto jamás en la historia de Quintana Roo.
Por supuesto, hay que decir que esos nombramientos deben pasar y ser aprobados en el Congreso. Pero es mejor, para efectos de esta columna, concentrarse en las decisiones donde se toman, y no donde únicamente se ejecutan. No tiene sentido perder el tiempo en estaciones intrascendentes.
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GESTOS DE AUTORIDAD
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El nombramiento de Miguel Cheluja en la Auditoría Superior del estado tuvo un doble mensaje. Por un lado, cobijó a un chetumaleño cercano al grupo del verde ecologista que milita el marismo, y con buena llegada a MORENA. Por el otro, rompió uno de los lazos con la actual administración del ex gobernador Carlos Joaquín, que hubiese mantenido vigencia con la continuidad del actual auditor Manuel Palacios.
En el ambiente político vinculan lo de Cheluja con el constante posicionamiento de Eugenio “Gino” Segura de cara al 2027. El recientemente nombrado Auditor es cercano a ese grupo, que parece ir asumiendo el papel que le corresponde en la sucesión gubernamental.
Esta semana, la asunción de Gino como senador tuvo la cobertura política y mediática de los elegidos. El contraste con su compañera de bancada, Anahí González, fue toda una señal de cómo el morenismo “de base” ha perdido fuerza. Y perderá cada vez mas, porque ninguno de los otros legisladores federales que asumieron representa a los llamados “puros”.
El caso de Carlos Joaquín es aun más complejo de lo que sucedió con la Aseqroo. El desmantelamiento total del TJA, que incluye darle de baja a todos sus magistrados, es un golpe muy duro. El ex gobernador ha sido casi el dueño de ese espacio institucional, empezando por su presidente, Jesús Antonio Villalobos. Y podría quedarse sin nada.
Si bien la reforma planteada propone que los mismos magistrados podrían repetir, el hecho de que todos se hayan enterado por los diarios de la reforma que los deja sin trabajo, no es una buena noticia para ellos. Tan es así, que varios comenzaron a fantasear con algunos pasos legales a los que podrían recurrir para mantener sus cargos. Pero siempre se frenan ante la única pregunta que se deben responder: ¿Están dispuestos a enfrentarse con la gobernadora?
En el mundo político chetumaleño dicen que ese espacio del TJA sería para la actual magistrada electoral, Claudia Carrillo Gasca, cercana al marismo, y no se descarta que alguno de los magistrados actuales repita, aunque no el presidente.
La tercera pata de este entramado de fuertes gestos desde el Poder, es la detención del líder taxista de Tulum, Eliazar Sagrero, acusado de múltiple homicidio. Se trata de una apuesta muy fuerte. El gremio taxista es uno de los poderes fácticos intocables en el Estado. Y se ha decidido ponerles un alto. O al menos intentarlo.
Los taxistas y otros concesionarios de transporte jugaron rudo en días pasados, exigiendo alza de tarifas y la salida de Uber. Quisieron imponer su ley, como lo han hecho siempre. Pero esta vez les contestaron, y el mensaje parece ser claro: si la Fiscalía decide hurgar meticulosamente en la vida y el patrimonio de varios líderes sindicales, podrían empezar a pasarla mal.
Algo así ya sucedió en la política cuando José Esquivel, en Felipe Carrillo Puerto, y Víctor Mas, en Tulum, quisieron jugar a ser opositores electorales. De una forma nada sutil se les recordó que ellos no estaban en la cárcel sólo por un acuerdo político que los protegía. Pero si querían ser actores electorales opositores, ese acuerdo se rompía.
La pax marista es muy clara y algunos aun no la entienden. Se le atribuye a Benito Juárez aquella frase que decía: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
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¿AL INFINITO Y MÁS ALLÁ? ¿O RECONFIGURACIÓN NATURAL DEL PODER?
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