Hugo Martoccia – Mesa Chica
Toda la clase política local está expectante en estas horas de alguna señal que pudiera dar el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, sobre la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los usos y costumbres de la política quintanarroense dicen que el tridente del Poder estatal no es exactamente parejo, el Ejecutivo incide efectivamente sobre los demás.
La palabra oficial del gobernador ha sido que no va a entrometerse en esa decisión que deben tomar los propios magistrados. Sin embargo, no se trata de algo común a la política local, y hasta última hora todos estarán esperando esa señal.
Un hombre muy cercano al mandatario estatal dijo este fin de semana: “El gobernador sabe que debe opinar en este tema”. Propone la idea de que en las próximas horas llegará alguna señal que guiará la sucesión en la Justicia.
Un aliado político del gobernador, del más alto nivel, dice, sin embargo, que eso no sucederá. “Están operando los grupos políticos; va a ganar el que lo haga mejor. Pero Carlos no se va a meter”.
Quienes conocen a Carlos Joaquín dicen que siempre opera de última hora, es su estilo. Y también dicen que difícilmente señale un sólo nombre. Más bien esperan que deje claro quién no puede ser presidente del TSJ, y que quizá proponga alguna terna de posibles candidatos.
LOS RIESGOS
¿Tiene sentido que el gobernador se abstenga de dar alguna señal en esta situación? La democracia y la división de poderes podrían celebrar esa decisión. Pero también está la realidad: el TSJ debe encarar en los próximos años un profundo saneamiento, que sólo se logrará con todo el apoyo político, y con alguien al frente que enarbole los valores asociados a la Justicia.
Entre los nombres que hoy circulan como posibles candidatos hay gente que ha desconocido la Ley, otros que tienen denuncias en su contra, y otros que, directamente, viven aún en el delito. Si impera el caos y la presión política sin orden, el Tribunal podría quedar en manos indeseables.
Un dato que explica esa situación. Según una nota publicada por el Grupo Pirámide días atrás, el magistrado Carlos Lima Carvajal, quien tiene más de 10 denuncias en su contra, representa tres votos. El suyo, y el de las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner.
Podría darse el caso de que el próximo presidente del Tribunal termine debiéndole su cargo.
Otra vez una pregunta ¿Mejora la democracia si el gobernador se abstiene de opinar, mientras otros grupos políticos, a los que nadie eligió, se quedan con el Tribunal? No hay respuesta fácil para esa pregunta.
LA DANZA DE NOMBRES
En las últimas semanas han circulado diversos nombres para quedarse con la presidencia del TSJ. Por horas o días, unos y otros han ido encabezando las preferencias.
Por ejemplo, días atrás se consolidó el nombre de uno de los primeros candidatos, Adolfo de Rosal Ricalde. El magistrado habría agrupado los votos de cinco compañeros del norte del Estado. En ese grupo también alguien propuso a Mario Aguilar Laguardia, que sin embargo en pocos meses deberá enfrentar su reelección.
Para frenar esa carrera, desde un sector del gobierno intentaron vincular el nombre de Adolfo del Rosal a una operación política de Félix González Canto. El senador priista lo negó públicamente de inmediato.
“Es el villano de moda”, bromeó un aliado del gobernador, que está muy metido en el tema, para explicar por qué alguien pretendió vincular esos dos nombres. Lo cierto es que en las últimas tres o cuatro semanas, en las cuales el tema del TSJ alcanzó su máximo nivel de exposición, el nombre del ex gobernador nunca había aparecido.
Otro nombre que sonó mucho los últimos días fue el de Veronica Acacio. Ha sido la más mediática en su campaña por el TSJ. Algunas versiones dan cuenta que esa sobreexposición pública podría ser su principal problema.
Antonio León es el candidato del actual presidente, Fidel Villanueva. En un principio, desde un sector del Gobierno dijeron que ese sólo hecho lo inhabilitaba para el cargo. Hoy ya no están tan seguros.
Grupos muy vinculados políticamente a Carlos Joaquín han sido los encargados de mantener el nombre de Luis Gabino Medina. Es el magistrado más cercano al gobernador. Esa es, paradójicamente, su mayor fortaleza y debilidad.
Podría decirse que si en la sesión del Pleno del próximo 8 de agosto la presidencia del TSJ recae en un magistrado distinto a los ya nombrados, sería casi una sorpresa.
Lo cierto es que el Estado se enfrenta a una de las decisiones más cruciales para los próximos años, en un ambiente confuso, y en el cual ha prevalecido el golpe bajo y la batalla mediática por sobre los propios méritos de los candidatos.
El destino que tenga el Poder Judicial en los próximos años seguramente será una de las marcas fundamentales que dejará, para bien o para mal, el Gobierno de Carlos Joaquín.
Dijo Sófocles: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.
