Hugo Martoccia – Mesa Chica
Un par de señales preocupantes alertaron en los últimos días a propios y extraños alrededor del Gobierno estatal. Por un lado, la administración se encontró frente a conflictos inesperados, promocionados por la propia inocencia, desidia, o descontrol de algunos funcionarios, y no ha sabido encontrar una salida feliz a éstos. Pero también hubo alguna actitud inquietante que va mucho más allá de la equivocación. De ese tipo de actitudes que hacen preguntarse hasta dónde llegará el cambio.
Quedó la sensación, en todos los casos, que el Gobierno confundió firmeza con terquedad o imposición. Y también que hay una cierta morosidad en algunos ámbitos de la gestión, que no se condice con la responsabilidad de gobierno.
La infortunada frase de la Secretaria de Educación, Marisol Alamilla, para referirse a los niños con capacidades diferentes, fue una muestra de todos esos errores juntos. La funcionaria dijo que esos niños «no deberían existir». Sus palabras merecen todo el repudio, pero mucho más su débil disculpa, que no dejó ver ningún grado de arrepentimiento.
La funcionaria ensayó una disculpa institucional, y mostró lo que el Gobierno hace por esos niños. Doble error: quedó como una funcionaria insensible, y también dejó al descubierto que hay graves carencias en el sector. Una tozudez inexplicable que solo ahondó el conflicto. El resultado es inevitable: el pedido para que renuncie crece en todos los ámbitos.
Por otro lado, el intento de revivir la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida como la «Ley Borge para periodismo», tuvo aspectos similares. Los detalles técnicos de este proceso (si hay o no que instalar el Consejo Consultivo, si es necesario para proteger a periodistas y activistas de DDHH, si la ley debe aplicarse porque está vigente) carecen de sentido.
El debate está viciado de origen. La Ley Borge es ilegítima porque fue creada en un contexto de represión del estado hacia esas mismas personas que decía proteger. La Legislatura que votó esa ley no era un poder plenamente democrático, ni mucho menos independiente. Roberto Borge manejó con mano de hierro, por medio del temor o el dinero, a los diputados de todos los partidos.
Lo más increíble es que el Gobierno del estado no haya tomado eso ni siquiera en consideración. ¿Nadie alrededor del gobernador Carlos Joaquín le explicó que todo lo que provenga del borgismo, y que aluda al derecho a disentir, es ilegítimo por definición? ¿O simplemente no lo entienden así?
¿No hay, entonces, una visión diferente entre este gobierno y su antecesor en esos temas? Decisiones cómo estás hacen dudar si en el Gobierno hay quien piensa que el sistema está bien, y que solo habría que recomponer los exabruptos del borgismo. Si es así, todo se circunscribe a grados de corrupción; pero no a un cambio de fondo. Ojalá se trate solo de un error.
En ambos casos hay un hilo conductor. La renuencia de los funcionarios a reconocer errores, y a buscar conspiraciones retorcidas detrás de enojos y críticas fundamentadas. También hay otros aspectos comunes: la desidia de algunos funcionarios para actuar, y el daño que le produce a la administración tener en algunos cargos a personas que no comulgan con sus ideas de cambio. O al menos con las ideas de cambio que se ofrecieron en la campaña electoral.
En ese contexto, no parece gratuito que en estos mismos días hayan aparecido las listas de convenios publicitarios del Gobierno estatal con medios de comunicación.
Hay que ser claros. Los convenios de publicidad se dan en todo el mundo, y son válidos. El tema de fondo es el cuánto y el cómo. O sea, cuánto dinero se le da, a quien se la da, y a cambio de qué servicios. Esos números, esos nombres, y esas exigencias, son toda una muestra de lo que espera de la prensa una administración.
Sin entrar en nombres propios, los contratos conocidos dicen que el Gobierno decidió aliarse con aquellos que eran sus enemigos. Aquellas tácticas periodísticas que consideró deleznables cuando era oposición, parece que hoy las considerara necesarias. Un sector muy grande del gobierno se siente cómodo en ese ámbito.
Otra vez volvemos a lo mismo: cuñas del viejo sistema incrustadas en el actual. Pero hay que tener en cuenta un dato: cuando son tantos los elementos «diferentes» o cuñas, ya dejan de ser diferentes y se transforman en parte del paisaje natural.
En todos los casos descritos, preocupa la forma, pero más preocupa el fondo, porque este último no permite distinguir con claridad la frontera entre lo nuevo y lo viejo.
El punto álgido de malas noticias podría suceder en las horas inminentes. Luego del festejo que significó para la administración la aprehensión del ex secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, hace 10 días, el tema ahora parece haberse enredado.
Hay versiones de que el ex funcionario borgista, acusado por un daño patrimonial al Estado de casi 40 millones de pesos, pasa su estadía en la cárcel con privilegios inadmisibles. Además, el hecho de que se le hayan embargados bienes por la cantidad incluida en la demanda, haría innecesaria su permanencia en la cárcel.
En ese caso, el Gobierno enfrentaría seguramente la ira de un amplio sector de la sociedad, que está desesperada pidiendo justicia. No habría cómo explicar semejante yerro. ¿Solo se han encontrado delitos menores de los cinco años de desmesura del borgismo? Será difícil explicar tan poco celo en la investigación del pasado.
En el Gobierno se defienden y dicen que en todos los temas van poco a poco, pero con un horizonte seguro, y que se la juzga duramente. Quizá sea cierto, y lo que sucede, en el fondo, es que el Gobierno es juzgado contra las expectativas que generó. Esa batalla casi nunca se puede ganar. Pero hay formas y formas de librarla.
